*Por su parte el funcionario no descarta tomar acciones legales basándose en el artículo 154 del nuevo código procesal penal.*
Sánchez, Samaná.- El vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), Héctor Luis Bautista, denunció este martes que recibió amenazas de agresión física, junto a miembros de su equipo de seguridad, por parte de un comunicador identificado como Federico Rutan.
Según el funcionario, las amenazas quedaron registradas en un material audiovisual que circula sobre el incidente.
Bautista explicó que el conflicto se habría originado luego de que el comunicador solicitara personalmente diez fundas de cemento para realizar trabajos en áreas aledañas a las intervenidas por la comisión, detrás del Ayuntamiento Municipal.
Sin embargo, indicó que, conforme a los protocolos y autorizaciones establecidos, la institución únicamente contempla la pavimentación de los peatonales principales, por lo que no podía atender dicha solicitud.
Por otro lado, Rutan publicó un video en el que asegura que el funcionario acudió a su residencia para amenazarlo debido a un reportaje realizado, lo cual aun no ha sido comprobado por no existir pruebas latentes del supuesto hecho que denuncia.
Mientras tanto, residentes de la zona han valorado positivamente los trabajos que se ejecutan en el sector.
Ante las versiones encontradas, no se descarta que el caso pueda tener consecuencias legales, debido a las amenazas denunciadas por el vicepresidente de la CPADB.
El nuevo Codigo Procesal penal en su artículo 154 establece lo siguiente:
Este artículo establece que quien amenaza, quien anuncie, mediante palabras, escritos, imágenes, gestos o cualquier otro medio, su intención de causar daño a una persona, sus bienes o un tercero, cuando las circunstancias hagan verosímil que podría materializarse.
Las sanciones contempladas son:
• De 15 días a un año de prisión menor, más una multa de uno a dos salarios mínimos del sector público, cuando se anuncia la comisión de una infracción grave distinta del homicidio u otras infracciones graves contra las personas.
• De uno a dos años de prisión menor, más una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, cuando se amenaza con quitarle la vida a la víctima.
• De dos a cinco años de prisión menor, más una multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, cuando concurren las circunstancias agravantes específicas que establece el numeral 3 del artículo.
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